En el número 14 de la serie Documentos se recogen las comunicaciones realizadas en el encuentro sindical CSN-ELA celebrado en el Palacio Miramar el 14 de octubre de 2003. Editado por la fundación Manu Robles-Arangiz Institutoa, a continuación les ofrecemos el extracto de la presentación de dichas comunicaciones:

Presentación

Una reflexión nueva y actualizada

Leire Txakartegi

Los profesores aquí presentes han participado en anteriores debates organizados por ELA, por lo que os resultarán familiares a buena parte de los asistentes. Todos ellos trabajan en la Universidad del País Vasco, y sus aportaciones han sido y son de gran importancia para nuestra reflexión política.

Hemos solicitado la colaboración de estos tres profesores con el objeto de pedirles que nos ayuden a renovar y actualizar la reflexión sobre un proceso soberanista y civil. Sin duda alguna, el análisis de los elementos de coyuntura o de contexto el Plan Ibarretxe, en especial resulta ineludible, ya que el citado Plan viene marcando la agenda política de los últimos tiempos. He aquí nuestra primera pregunta en torno a dicha propuesta: ¿Se trata de un instrumento válido para impulsar un proceso soberanista? ¿Es un paso en la dirección correcta? ¿Qué condiciones deben darse para ello?

Así pues, esta mesa redonda puede ser de utilidad para el debate interno. Sea como fuere, deberíamos proceder en primer lugar a exponer brevemente el panorama actual, de manera que los invitados extranjeros dispongan de algunas claves para el análisis, aunque creemos que la ponencia política de ayer sirvió para situar los parámetros del conflicto.

Podríamos remontarnos muchos años atrás para efectuar el citado análisis, pero no es ése el objeto de esta jornada. A modo de introducción, señalaremos, sin embargo, que ha quedado claro estos últimos años lo siguiente: el ciclo político iniciado con el Estatuto de Gernika y el Amejoramiento del Fuero está totalmente agotado. ELA comparte dicho diagnóstico, por lo que en octubre de 1997 revisó su actitud anterior con respecto al Estatuto y proclamó el fin del marco jurídico-político vigente. Dicho marco fue contemplado en su momento como un instrumento adecuado para el desarrollo del autogobierno un acuerdo de mínimos por buena parte de la sociedad vasca. Para el estado español, por el contrario, se trataba de un acuerdo de máximos, una mera descentralización administrativa del Estado. Así pues, el estado español ha utilizado todos los recursos disponibles (incluida la práctica difuminación de la línea de separación de los tres poderes) para intentar recuperar competencias que considera excesivas. Dicha estrategia cuenta con el apoyo de la oposición política y del sindicalismo español, con quienes ha suscrito un pacto de hierro. El actual marco jurídico ha quedado totalmente agotado, sin contenidos (la mayor carencia se observa en el ámbito laboral y social) y sin garantías.

En 1998, las fuerzas abertzales y progresistas de Euskal Herria suscribieron el Pacto de Lizarra-Garazi, un acuerdo que supuso el inicio de un nuevo ciclo político. Era la primera vez que dichas fuerzas realizaban un diagnóstico común sobre la situación vasca.

Es obvio que existe un Euskal Herria un conflicto político de fondo, ya que incluso para las cuestiones políticas más básicas los puntos de vista son radicalmente diferentes. Por ejemplo: ¿Tiene Euskal Herria derecho a decidir su propio futuro (soberanía propia), o se trata de una soberanía derivada de la del Estado? ¿Cómo se define el ámbito de decisión? ¿Hasta dónde se extiende dicho ámbito? Existen, en efecto, opiniones y posiciones contrapuestas sobre el ámbito de decisión, el sujeto de la soberanía y la territorialidad. Y puesto que se trata de un conflicto político, también la solución debe ser política, es decir, democrática. Los ciudadanos vascos tienen derecho a decidir sobre su futuro político, a optar libremente por el modelo político que prefieran; tienen, en resumen, derecho a la autodeterminación.

La nueva fase política iniciada con el acuerdo de Lizarra-Garazi contó con el apoyo de una tregua por parte de ETA.

El de Lizarra-Garazi fue un acuerdo democrático. Las fuerzas estatalistas no apoyaron, sin embargo, el cambio político que conllevaba la aceptación de un marco vasco y democrático de decisión, lo que impulsó el carácter soberanista del pacto y trajo consigo un acuerdo tripartito para gestionar las instituciones de la CAV. Sin embargo, las fuerzas abertzales no fueron capaces de llegar a acuerdos mínimos sobre los contenidos de la soberanía ni, por consiguiente, de llevarlos a la práctica. Transcurrido año y medio del pacto de Lizarra-Garazi, ETA rompió la tregua y se suspendió la unidad de acción creada por las fuerzas abertzales en torno al citado pacto.

La siguiente fecha reseñable fue la de las elecciones autonómicas de la CAV, celebradas el 13 de mayo del 2001. El estado español continuó con su ofensiva y organizó una campaña de alcance estatal para llegar al poder en la Comunidad Autónoma Vasca. Dicha estrategia fracasó, y la coalición PNV-EA (más de 600.000 votos) ganó las citadas elecciones. La izquierda abertzale, por su parte, recibió un serio varapalo y perdió buena parte de los votos obtenidos en 1999. El programa político de PNV-EA se centró principalmente en dos puntos: el diálogo y el derecho de la sociedad vasca a decidir su futuro.

El Plan Ibarretxe centro del debate político en la actualidad es la propuesta política que desarrolla los citados principios.

Mientras tanto, la representación política de la izquierda aber-tzale fue ilegalizada, utilizando para ello la vía judicial y una legislación excepcional elaborada ad hoc. Por consiguiente, buena parte del abertzalismo quedó sin representación política en las últimas elecciones municipales y forales, pese al considerable número de votos "nulos" cosechados por las plataformas ilegalizadas.

Por lo que respecta al Plan Ibarretxe que se debate en la actualidad, he aquí algunas reflexiones anteriores a la presentación del Texto Articulado de dicho Plan:

La principal aportación del Plan (impulsado por las instituciones de la CAV) es la apertura de una posibilidad (real) de debate político, y que sitúa a la consulta popular como eje de dicho debate.

La introducción del Plan es el apartado de mayor valor político: reconoce a Euskal Herria como nación, así como su derecho a la autodeterminación.

Dicha capacidad de decisión se efectúa tomando como punto de partida la CAV. El Plan propone un nuevo estatus de convivencia con el estado español, con nuevos contenidos y garantías (compromiso de no hacer efectivo unilateralmente el derecho de autodeterminación; obligación de iniciar un proceso previo de diálogo y de negociación con el Estado). La referencia a la conocida sentencia del Tribunal Supremo de Canadá con respecto al affaire Québec es más que evidente.

En cuanto a la territorialidad, el Plan deja en manos de las instituciones de Navarra e Iparralde la posibilidad de estrechar lazos con ambos territorios.

Por otra parte, se deja en manos del Parlamento Vasco la capacidad de regular y gestionar una consulta vía referéndum.

El Plan se materializaría en un Estatus de Libre Asociación con el Estado español, con un nuevo reparto de competencias y garantías más sólidas para la autonomía vasca. Según el texto filtrado a la prensa (y a la espera del texto articulado definitivo) las competencias del ámbito socio-laboral apenas cobran importancia en el Plan.

Por lo que se refiere al procedimiento legal, la nueva ley (una vez aprobada por el Parlamento Vasco), se remitiría a las Cortes Generales españolas, dando comienzo a la negociación con el gobierno español. A continuación, la mayoría de los ciudadanos de la CAV debería aprobar en referéndum el nuevo Acuerdo Político alcanzado con el estado español, o, en su defecto, el proyecto aprobado por mayoría en el Parlamento Vasco. El proceso debe materializarse en ausencia de violencia y de exclusión de cualquier tipo.

Los partidos de ámbito estatal han rechazado de plano dicha propuesta e intentan centrar el debate en el mantenimiento de la validez del Estatuto de Gernika, un Estatuto cada vez más falto de competencias y de garantías, cada vez más expuesto a las agresiones del Estado.

Por lo que respecta a la izquierda abertzale, tras el "no" inicial al Plan sus portavoces muestran una actitud más positiva (al menos en sus declaraciones públicas), y han mostrado su disposición a debatir el Plan en el Parlamento Vasco. Asimismo, la izquierda abertzale se muestra dispuesta a debatir el proceso del Plan (los ritmos, la pregunta a efectuar en la consulta popular, articulación territorial...) tomando como punto de partida la consulta popular.

El Plan Ibarretxe suscita no pocos interrogantes y dudas que pueden servir de puntos para el debate:

1. El proceso hecho público hasta el presente es solamente institucional, es decir, se cuenta únicamente con una hipotética mayoría en el Parlamento Vasco. Falta saber, sin embargo, qué pasos se darán para conseguir la legitimación social del Plan.
2. ¿Con qué criterios se efectuarán las alianzas políticas?
3. ¿Cómo se pretende salvar el obstáculo de la más que previsible negativa del Estado al Plan?
4. ¿Cómo pretende compaginar el derecho de autodeterminación y la elección de determinado proyecto político? ¿Garantiza el Plan la igualdad de oportunidades a todas las opciones políticas?
5. ¿Cómo se efectuará el reparto definitivo de competencias?

Las respuestas a estas preguntas nos revelarán si el Plan Ibarretxe es o no un instrumento adecuado para un auténtico proceso soberanista. Dichas preguntas pueden sernos útiles, por otra parte, para el debate que tendrá lugar más tarde. Hemos "delimitado" el tema a tratar por cada profesor (respetando, por supuesto, el punto de vista de cada cual), de manera que se analicen todos los aspectos del Plan:

- Iñaki Lasagabaster: análisis jurídico del Plan y la actitud que pueda adoptar el Tribunal Supremo ante el mismo.
- Mikel Gomez Uranga: las competencias sociales en el proceso de soberanía.
- Mario Zubiaga: la dinámica social en el proceso de soberanía y la necesidad de un acuerdo mínimo entre las fuerzas abertzales.

Un último punto para el análisis y el debate, si los profesores lo consideran pertinente, podría ser el siguiente: el papel de ELA en el proceso y, especialmente, en el momento actual.